En el transcurso del Debate sobre el Estado de la Nación, se ha producido el acuerdo entre el gobierno y la oposición para incrementar del 50% al 60% el valor mínimo de subasta de una casa embargada ante la falta de pago de las hipotecas.
Hasta ahora, un banco podía adjudicarse un inmueble por el 50% del valor de tasación en caso de impago. Dado que ese importe, normalmente, no cubre la deuda, el ejecutado, además de perder su casa, debía hacer el frente al resto del débito con sus bienes presentes y futuros, incluyendo su nómina. Es cierto que la elevación del 50% al 60% supone un avance, pero también es cierto que nuestra sociedad reclama ir más allá.
Desde el año 2007 alrededor de 275.000 personas han perdido sus hogares por falta de pago y existe una previsión de otros 350.000 casos a futuro. Es muy posible que una buena parte de estas personas hayan recalado en la economía sumergida ya que es una forma de eludir el abono del resto de la deuda reclamable y los tiempos que corren son muy duros.
Dado que una hipoteca es un préstamo con garantía, parece de sentido común que, debería bastar con la entrega de la misma para cancelar la deuda. Esto es lo que se denomina dación en pago y es un sistema que opera en Estados Unidos. En nuestro país este sistema también existe, pero actúa por acuerdo entre las partes y no de forma automática.
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